Las mentiras solamente sirven para complicar la realidad, hacerla más conflictiva y dificultar todas las posibilidades de solución a un problema. Pero no creo que exista mentira más dañina, contradictoria y de efecto contraproducente que aquella que utilizan algunos gobiernos en cuestiones que hacen a la seguridad de las personas. Los bonaerenses sabemos de sobra cual es el costo de estas falsedades y cual es la mercancía con la que luego pagamos vecinos y policías.
Los dirigentes políticos también lo saben; y saben de la gravedad de los niveles de inseguridad alcanzados y de la debilidad en que -por cuestiones puramente ideológicas- ha quedado el Estado frente a la delincuencia. Pero insisten en considerar al servicio público de seguridad, que siempre fue y es extraordinario por todas sus graves derivaciones, como si se tratara de un servicio estatal ordinario (Arba, Vialidad, Catastro y otros).
Primero fueron Arslanián, Binder, Saín y otros, allá por 1998, dirigidos desde los mismos lugares de poder que influyen sobre el gobierno nacional y provinciales, y que hoy intentan desguazar a la hermana policía federal, hicieron trizas todo el aparato estatal de seguridad pública de esta provincia, mediante la disolución de la fuerza policial y las reformas procesales y judiciales, todo en línea con el pensamiento abolicionista de los ideólogos de siempre, que significó, ni más ni menos, que convertir a todo el territorio provincial en una gran zona liberada a la delincuencia hasta la fecha.
“Hay que desmilitarizar a la bonaerense, erradicar el concepto de guerra o combate al delito, crear nuevas policías de administración horizontal, eliminar el verticalismo como método de conducción, profesionalizarlas, erradicar la corrupción…”, pregonaban en los medios más oficialistas quienes decían traer la solución a un problema que en realidad aún no existía en nuestra provincia, o existía pero en dimensiones menores, incomparables con los niveles alcanzados después de las mentadas, nefastas y mal llamadas “reformas” …
Mentiras. La verdadera intencionalidad se oía por lo bajo o con escasa prensa:
“No debemos dejar un solo vestigio de “la bonaerense” porque fue represora de los setenta… es la policía comprometida con el proceso…es la maldita policía”, decían los mas fundamentalistas con absoluta hipocresía ya que bien saben, como todos sabemos, que quienes estuvieron realmente comprometidos en favor del Proceso Militar no fueron precisamente policías. A no ser que la legítima defensa esgrimida para que a uno no lo asesinen en una emboscada o le vuelen la familia con una bomba por el solo hecho de trabajar de policía, sea considerado estar comprometido con el proceso…
Los “reformadores” dejaron una década de desorganización en la policía, anarquía, pésima formación de sus miembros, indisciplina, persecuciones, injusticias, sueldos miserables y cientos de familias -civiles y policías- ahogadas en dolor y llanto por la muerte de sus seres queridos, mas todo el pueblo bonaerense sumido en el miedo, en libertad condicional.
Gracias a la inagotable imaginación para mentir que tienen esas usinas de odio cercanas al poder, los miembros de la fuerza policial del territorio más severamente acosado por la delincuencia, fueron puestos ante la sociedad como los responsables de todos los males. Se vinculó de manera falsa e infame a los uniformados con hechos repugnantes como la desaparición de Julio López; o en el secuestro del albañil Luis Gerez en Escobar por el cual se imputó sin pruebas a policías retirados y en actividad supuestamente allegados al ex intendente y ex Comisario Luis Patti; luego con el famoso “caso Vergara” en el que plantaron pruebas en la casa de un policía, finalmente desvinculado por la justicia; también con el triple crimen de los camaradas en la antena de comunicaciones en La Plata, que se pretendió endilgarlo a policías despechados, declarados prescindibles; y luego con sucesivas muertes de mujeres a quienes les robaron el automóvil y el gobierno provincial denunció a su propia policía de querer desestabilizarlo mediante el asesinato de estas mujeres. Y finalmente, la insinuación oficial de que policías de la provincia habrían sido los atacantes a miembros de la Gendarmería…
Mentiras. Todas operaciones de prensa destinadas a desviar la atención del público, por un lado; y por otro lado para mantener a los uniformados arrinconados bajo falsas acusaciones, sin poder defenderse, mientras se avanza con su aniquilamiento. Porque la verdad es que aún se continúa con las metas de Arslanián, aunque con mayor sutileza para no provocar reacciones…
De no haber sido por nuestros camaradas en actividad, que con un gran esfuerzo investigativo, restándole tiempo al descanso y exhibiendo un conmovedor amor al uniforme, que uno a uno, en todos los casos, fueron demoliendo las falsas imputaciones, aún hoy estaría toda la fuerza cargando con la sospecha de aquellos crímenes.
Como la solución al problema central de la inseguridad no aparecía, pergeñaron trabajos conjunto con Prefectura, Policía Federal y Gendarmería; mas el aporte de muchos millones del gobierno nacional que nunca se vieron más que en algunas cámaras filmadoras. Desde Apropoba anticipamos que no iba a servir y no sirvió. O mejor dicho sirvió si, para que el mal se extendiera a la Capital Federal y para que la frontera argentina se convirtiera en otra zona liberada, dicho esto por experimentados miembros de la Gendarmería Nacional.
Ahora resulta que como le llegó el turno de “desguace” a la Policía Federal y algún sondeo de opinión de un organismo del estado arroja un sorprendente repunte en la imagen de la Policía de la Provincia, desde la Nación organizan el “Operativo Centinela”, una suerte de “Intervención Federal” y mandan a la Gendarmería al Gran Buenos Aires con planes de quedarse largo tiempo, y de paso para que se apropien de esa imagen y “los pata negra” sigan en el banquillo, no sea cosa que la caída de los “federicos”, que se irá acentuando, los beneficie…
Este “Operativo Cantinela” como se denomina la intervención federal encubierta en nuestra provincia, es la más contundente prueba de la burda mentira con la que los Arslanián, Binder Saín y sus patrones, argumentaron la disolución de la policía de la provincia, que –como hemos dicho- pregonaron durante años que había que desmilitarizar la seguridad, y ahora estos mismos “expertos” nos presentan como panacea en el conurbano a la fuerza de seguridad mas militarizada del país. Tanto o más que las propias fuerzas armadas…
Miembros de la propia Gendarmería Nacional, en desacuerdo con las medidas del Gobierno Nacional, opinan que 6.000 efectivos volcados a las calles del Gran Bs. As, sumados a los ya destinados hace años en las rutas velando por los intereses de las concesionarias de peaje o atendiendo conflictos sociales, ocasionan varios agujeros en la extensa frontera terrestre y fluvial. Un verdadero festival para contrabandistas de todo pelaje, narcotraficantes y hasta terroristas de cualquier color. Y lo más grave aún, es que no solucionarán los problemas de la inseguridad en el territorio bonaerense.
Más maquillaje -o mentiras- para que el pueblo crea que se está trabajando en soluciones, cuando en realidad están abocados a otra cosa…
Que alguien responda sino en que contexto encaja la operación de desprestigio que encubiertamente se sigue haciendo con la institución policial y el fenomenal desgaste, que de las más variadas formas, se hace padecer al personal, que pese al éxodo que se registra y al desgano con que trabajan los que se quedan, el gobierno continúa, de manera contumaz, negándoles aumentos salariales serios que se prometieron en público, cuando a los demás sectores si se les concede y hace efectivo; como se explica que no se reparan tampoco los perjuicios de los ascensos o del reescalafonamiento; ni se pone fin a los malos tratos que reciben los policías por parte de la ART., o porque el gobierno no les devuelve a los retirados el 50% de la deuda alimentaria reconocida y que luego, mediante fraude, les quitó, obligándonos a un largo y angustiante camino judicial, siendo que hay dinero para muchas otras cuestiones...
En estas horas un camarada harto de las injusticias se encadenó a un semáforo en el centro de Mar del Plata en demanda de mejores condiciones laborales y salariales. Nuestra solidaridad para con él y para con los que se irán sumando. Algunos medios lo reflejaron. Lo que los medios no dijeron, quizás porque no se enteraron y el gobierno tampoco, es que otro grupo de policías uniformados están o estuvieron a punto de encadenarse en otro lugar de máxima exposición y que de concretarse estremecerán el sillón de más de un funcionario del más alto nivel del poder.
Tenemos un Ministro de Seguridad que fue convenientemente asesorado tanto por los más altos funcionarios policiales en actividad, como por las distintas organizaciones que nuclean a policías en actividad y retirados. Es decir tiene en claro que es lo que se debería hacer rápidamente para dar alivio a la población a corto plazo.
Me pregunto: ¿Por qué no lo hace o al menos lo proyecta? ¿Acaso no trasmite al Gobernador la información que recibe? ¿Tiene tan acotado su poder el Ministro de Seguridad, que no puede obtener un aumento salarial digno para los policías que debe comandar? ¿Existe verdaderamente interés en mejorar la angustiante situación económica de la familia policial? ¿Le preocupa realmente al Ministro, la inseguridad en nuestra provincia? ¿Acaso será el Gobernador que no tiene entre sus prioridades ni la seguridad ni los policías? ¿Por qué esperan las reacciones?
¿Por qué mienten una y otra vez? ¿No se estará empujando a la Fuerza a episodios lamentables que nadie desea? ¿Tal vez esperan que nos encadenemos todos?
Por lo pronto desde Apropoba somos partidarios de obrar inteligentemente para la resolución de estos problemas, siempre en el marco de la ley, partiendo de una prestación de servicio eficiente a favor de la comunidad, sin interrupción; aunque a veces resulte necesario exteriorizar pacíficamente nuestros reclamos desoídos, como lo autoriza la Constitución Nacional y la Constitución de la Pcia de Bs As, como es el caso que transcurre en Mar del Plata, y por el cual ahora las autoridades o alguna prensa barata no venga a querer escandalizarse o a tomar represalias contra los efectivos, que sin duda podrán tener efectos contraproducentes, porque representan el sentimiento de más de 50.000 uniformados y sus familiares.
Jesús Evaristo Scanavino
Comisario (ra)
Secretario de Organización de Apropoba
